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En las noticias de #rbnews international de esta semana:
- Después de dos años y medio de prisión y 38 días de huelga de hambre, Kostas Sakkás ha sido liberado por decisión del Consejo de Apelaciones
- Las detenciones de residentes y la arbitrariedad policial en Skuriés, Calcídica, provocan reacciones entre los residentes locales
- Bajo protesta general la nueva televisión pública griega comienza a emitir, mientras que al mismo tiempo, los antiguos empleados de la ERT siguen emitiendo un programa diario
- Constantina Kuneva logra una primera victoria judicial por el atentado que sufrió en 2008 debido a su acción sindical
1. La liberación del huelguista de hambre Kostas Sakkás
El Consejo de la Magistratura de Apelaciones decidió el jueves que Kostas Sakkás podría ser liberado condicionalmente después de 951 días de detención sin juicio y 38 días de huelga de hambre.
Sakkás había sido detenido el 4 de diciembre de 2010 y había sido encarcelado preventivamente desde entonces, por acusaciones de posesión ilegal de armas de fuego y participación en un grupo terrorista. El tiempo de su detención preventiva se había ampliado de 12 meses a 18, luego a dos años y medio y, finalmente, a un total de tres años, más allá de los límites legales y constitucionales para la detención preventiva. El 4 junio de 2013, empezó una huelga de hambre para protestar por la entonces reciente extensión de su detención preventiva por 6 meses.
La presión pública ha desempeñado un papel nada despreciable a la hora de asegurar la liberación de Sakkas. Se emprendió una campaña por parte de los sindicatos, colegios de abogados y otras organizaciones de la sociedad civil esta semana exigiendo su liberación. Entre estas organizaciones se encuentra la ONG Medicos del Mundo, que informó que los policías vigilantes no les permitieron ir a visitar Sakkás en el hospital, así como Amnistía Internacional. También se organizaron varios actos de apoyo durante la semana pasada por las redes sociales, y un grupo de personalidades griegas, entre ellas periodistas, académicos, artistas y varios ex presos políticos de la Junta, anunciaron el miércoles que iban a lanzar una huelga de hambre en solidaridad con Sakkás en caso de que el Consejo de la Magistratura de Apelaciones no tomara una decisión para su liberación el jueves. El eurodiputado de SYRIZA, Nikos Juntís, también presentó una pregunta a la Comisión Europea sobre el tema el martes.
Varias protestas públicas también se llevaron a cabo en todo el país durante la semana pasada para exigir la liberación de Kostas Sakkás. El miércoles, una pequeña marcha cerca de la Acrópolis con el objetivo de informar a los turistas sobre el caso de Sakkás, fue brutalmente agredida por la policía. Videos captados por los tuiteros @kinimatini y @ _giant_ muestran policías circulando en motocicletas entre la masa de manifestantes en una calle peatonal justo donde se encuentra la Pnyx, la cuna de la democracia antigua, y luego asaltando el grupo de manifestantes y golpeando salvajemente a al menos uno de los manifestantes que había quedado tendido en el suelo. 13 personas fueron detenidas, de las cuales 3 fueron posteriormente arrestadas. El juicio se aplazó hasta el 18 de agosto.
La decisión del Consejo de la Magistratura de Apelaciones del jueves fue recibida con alivio por parte del público que estaba haciendo campaña por la liberación de Sakkas, pero también con duras críticas por las estrictas condiciones que se le han impuesto, tales como la prohibición de salir del país, comparecencia obligatoria todos los lunes en la comisaría de la zona, una fianza de 30.000 euros, la prohibición de reunión o comunicación con sus compañeros acusados, la confiscación de su pasaporte, la residencia obligatoria en la casa de sus padres y una limitación en su movimiento restringido a la prefectura de Áttica. Ya se ha creado un movimiento para recaudar fondos para la fianza de Sakkas. Se informó el jueves por la noche que Sakkás había sido trasladado a la zona civil del Hospital General de Níkea y que estaba comiendo alimentos por primera vez en 38 días. No está claro todavía cuales serán consecuencias que pueda sufrir Sakkás a largo plazo debido a su huelga de hambre.
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2. Nuevas tensiones en Skuriés
Las tensiones estallaron otra vez en el noreste de Calcídica esta semana, cuando el fiscal y el juez de instrucción encargados del caso del atentado incendiario contra un edificio de Oro Griego el 17 de febrero 2013, ordenaron que otros dos residentes del pueblo de Ierissos permanecieran en detención preventiva. El juicio de este ataque incendiario identifica a 20 personas como presuntos autores, de los cuales dos estaban ya en detención preventiva.
Según el Observatorio Griego de Minerías, las llamadas "indicaciones de culpa" por las que los dos hombres fueron arrestados no se sustentan, ya que uno de ellos se encontraba en el Monte Athos la noche del 17 de febrero, mientras que la acusación contra el otro se basa en que tenía diez llamadas sin contestar en su teléfono móvil.
La noticia de que los dos hombres fueron detenidos de manera preventiva provocó enfrentamientos frente al tribunal de la capital regional, Polygyros, donde la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. El hijo de 15 años de edad de uno de los dos detenidos fue arrestado por agredir a la policía al escuchar la noticia del encarcelamiento de su padre, mientras que su abuelo fue golpeado por los antidisturbios. Más tarde tuvieron lugar otros enfrentamientos en los alrededores del pueblo de Megali Panayá, donde botes de gas lacrimógeno disparados por la policía prendieron fuego a varios árboles del bosque que rodea el pueblo. Un residente de 73 años de edad, que resultó gravemente herido durante los enfrentamientos, fue detenido por la policía.
La situación en el noreste de Halkidiki ha sido explosiva durante más de un año debido a un conflicto entre los residentes locales y la empresa minera Oro Griego y su empresa matriz, la canadiense Eldorado Gold. Las empresas mineras quieren desarrollar una mina de oro y cobre a gran escala en la zona, en particular, en el bosque Skuriés, un área de excepcional biodiversidad y belleza natural. Para ello, cuentan con el apoyo del Gobierno griego y la clase política, que afirman que este tipo de inversión extranjera es parte de la solución para que el país salga de la crisis. Los residentes locales y las organizaciones científicas independientes se oponen a los planes mineros, diciendo que va a causar un daño masivo e irreparable sobre el medio ambiente y la economía local, y a la vez señalan que la transferencia de los derechos mineros a Oro Griego es un escándalo político y financiero.
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3. Continua el apagón de ERT
La cadena pública de Grecia, ERT, sigue emitiendo por internet y, ahora, también por las frecuencias analógicas en Grecia, un mes después de que el gobierno ordenase su cierre. Estas emisiones clandestinas son posibles gracias a la ayuda de la Unión Europea de Radiodifusión, que retransmite la señal de la ERT a través de su satélite. El gobierno, sin embargo, todavía está tomando medidas para cortar las emisiones. El 8 de julio, la policía y técnicos privados contratados, apagaron los transmisores en la isla de Cefaloniá, mientras que acciones similares fueron impedidas en las ciudades de Patras y de Canea por la concentración de grandes grupos de ciudadanos que protegían los transmisores.
El martes por la noche se supo que el gobierno había estado lanzando emisiones en las frecuencias digitales ERT desde el miércoles anterior con la ayuda de la red digital de proveedor DIGEA, un consorcio de seis grandes canales de televisión privados de Grecia. De hecho, el miércoles por la mañana, las frecuencias digitales de ERT transmitían con el logotipo de "televisión pública griega", que se emite desde estudios privados propiedad de Jristos y Ninos Elmatzoglu. La compañía Elmatzoglu es en parte propiedad de la empresa Pegasus, que posee el canal Mega, el más grande de Grecia, y en parte propiedad del Grupo de Periodismo Lambrakis, otro de los mayores grupos de comunicación privados de Grecia. Los estudios de grabación públicos han sido utilizados durante muchos años para los programas de televisión de Mega. Por otra parte, el viceministro a cargo de la cadena pública, Pantelís Kapsís, tiene estrechos vínculos con ambos grupos, Mega TV y el Grupo de Periodismo Lambrakis, por su profesión de periodista.
La paradoja de lo que se denomina la televisión pública, que se transmite desde estudios privados propiedad de los empleadores del sector privado del viceministro, no pasó desapercibida por el personal de ERT, que plantearon varias cuestiones legales. Preguntaron si "la televisión pública griega" ha sido reconocida por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, si tiene una licencia para transmitir, cómo es posible que el proveedor de la red digital DIGEA y la Organización Griega de Telecomunicaciones puedan transmitir su señal si no tiene ninguna licencia, y quien está pagando los salarios de los trabajadores que operan la estación. El gobierno no dio ninguna respuesta a esas preguntas.
Otra cuestión jurídica relativa al asunto de las emisiones por la llamada "TV pública griega", es el hecho de que un gran número de artistas anunciaron en el momento del cierre de la ERT, que cualquier nueva emisora no tendría permiso para usar su trabajo. Esto no impidió que el nuevo canal de difusión, en su primer día de funcionamiento, transmitiera una película del director Roviros Mandulis, quien ya ha dicho que demandará 20,000 euros al Estado por daños y perjuicios.
Mientras tanto, tres grandes sindicatos de periodistas fueron a paros laborales en los medios de comunicación privados el jueves para protestar contra la puesta en marcha de la "televisión pública griega", mientras que la Federación Panhelénica de Uniones de Redactores anunció que iba a participar en una huelga de larga duración si la " televisión pública griega" sigue transmitiendo su difusión.
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4. Justicia para Konstantina Kuneva
Un tribunal de El Pireo ordenó esta semana a la empresa de saneamiento OIKOMET que pagase 250.000 euros en daños a Konstantina Kuneva, reconociendo así la responsabilidad de la empresa en el asalto al que fue sometida en diciembre de 2008.
Konstantina Kuneva, de nacionalidad búlgara, se mudó a Grecia en 2001. Era la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Saneamiento de Áttica y había recibido numerosas amenazas por sus actividades como sindicalista. A última hora de la tarde del 22 de diciembre de 2008, cuando regresaba del trabajo, fue atacada por dos hombres que vertieron ácido sobre ella y la obligaron a beber un poco del ácido también. La decisión del tribunal reconoce el asalto como un incidente relacionado con el trabajo y asigna la responsabilidad parcial a su empleador, que había rechazado sus solicitudes de cambio de turno debido a las amenazas que había estado recibiendo.
El abogado de Kouneva dijo que el pago de daños y perjuicios sería una ayuda para pagar por su atención médica en París, donde todavía está por una serie de operaciones quirúrgicas para restablecer su salud. No está claro si OIKOMET tiene la intención de apelar la decisión del tribunal. Además, hay que señalar que, cinco años después del asalto, aún no han sido identificados los agresores.
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